"Un año de nuevos derechos: 925.000 becarios no remunerados aportan a la Seguridad Social"

Casi un millón de estudiantes en prácticas no remuneradas han contribuido a la Seguridad Social a lo largo de 2024. Esto significa que, aunque no recibieran compensación económica, ese periodo se contabiliza para su futura jubilación. Este nuevo derecho para los becarios está vigente desde el 1 de enero de 2024, como parte de la reforma de pensiones. Un año después, según los registros de la Seguridad Social hasta el 12 de diciembre, 925.266 estudiantes en prácticas no remuneradas han estado, al menos, un día en situación de alta. "Se trata de una ampliación de derechos que beneficia a los más jóvenes, quienes así podrán iniciar una trayectoria de cotización que les permitirá generar derechos en el futuro", señaló el ministerio encabezado por Elma Saiz al implementar esta medida.

Esta mejora para los estudiantes en prácticas se comprometió en la primera parte de la reforma de pensiones, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social y con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 —una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero—, pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas. Según las estimaciones del ministerio antes de que entrase en vigor, este nuevo derecho beneficiaría a unos 1,2 millones de estudiantes en prácticas. Los datos de la Seguridad Social a 12 de diciembre indican que las estimaciones no se han quedado lejos. “El sistema está rodando muy bien. Después de aclarar cuestiones técnicas de toda índole, que hemos ido resolviendo con la Tesorería General de la Seguridad Social, todo está yendo bien”, indica María Antonia Peña, presidenta de la Comisión Sectorial Crue (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)-Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva.

Esta cotización apenas supone costes para la entidad que recibe al estudiante, ya que está bonificada al 95% por la Seguridad Social. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En las universitarias sí estaba pensado que pagase la empresa pública o privada que acoge al estudiante, pero se dejó la puerta abierta a que lo asumieran las universidades si la entidad receptora no quería. Como vienen denunciando las universidades, son ellas las que casi siempre asumen ese coste. Un análisis de este periódico tras el primer mes de aplicación de la medida mostró que casi todas las públicas, pese a las estrecheces económicas que sufren, son las que abonan ese 5% restante.